Dajabón. - El Gobierno de la República Dominicana ha puesto en marcha medidas concretas para abordar el impacto económico derivado del cierre de la frontera, activando el Bono de Emergencia en beneficio de 784 pequeños comerciantes.
Este programa, desarrollado en colaboración entre el Programa Supérate, el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), representa un recurso destinado a mitigar las dificultades económicas surgidas por circunstancias adversas, en este caso, el cierre de la frontera.
Ante la compleja coyuntura económica generada por esta situación, el Comité de Emergencia de Supérate (CES), bajo la dirección de Gloria Reyes, ha identificado a 784 pequeños comerciantes que serán beneficiarios de este bono.
El desembolso de los recursos, que asciende a un total de 55 millones de pesos, comenzará la próxima semana, con pagos que se extenderán por dos meses.
La diversidad de los beneficiarios abarca a diversos sectores, incluyendo camioneros, vendedores de vegetales, empleados de cafeterías, distribuidores de ropa usada, tanqueros, motoconchistas y saloneras.
Estos pequeños comerciantes recibirán montos que oscilan entre RD 25,000, RD 20,000 y RD 10,000, dependiendo de cada caso particular.
Es relevante subrayar que este Bono de Emergencia se estableció como una herramienta integral de apoyo en situaciones de desastre, ya sea de origen súbito, como explosiones, o debido a desastres naturales, emergencias sanitarias, crisis económicas, entre otros.
Este enfoque forma parte de la estrategia del Sistema de Protección Social del Gobierno para proporcionar respuestas efectivas y adaptativas, fortaleciendo la resiliencia de individuos y hogares, especialmente aquellos en condiciones de exclusión, pobreza y vulnerabilidad social.
El Gobierno dominicano, al respaldar a los ciudadanos a través de este tipo de iniciativas, reafirma su compromiso con el bienestar de la comunidad y la estabilidad en momentos desafiantes.
Este enfoque refleja la preocupación por mitigar el impacto económico directo en los ciudadanos afectados, demostrando una acción gubernamental concreta y efectiva.
