De 19 estructuras identificadas, 18 fueron demolidas, quedando una a la cual se le otorgó una semana adicional, por instrucciones de superiores, ya que es utilizada como centro de acopio de las propiedades que están dentro de la misma caseta.
Para llevar a cabo esta operación, se desplegó desde la Capitanía de Puerto de Cabo Rojo un equipo multidisciplinario conformado por 33 efectivos, que incluyó cinco oficiales superiores, dos oficiales subalternos, 14 infantes de marina, 12 miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), dos agentes de interdicción migratoria de la Dirección General de Migración y el procurador fiscal, Rafael Pérez Pérez.
Además las fuerzas terrestres fueron complementadas con cuatro unidades de superficie el Guardacostas GC-112 «ALTAIR» y tres botes de acción rápida.
Gracias a la coordinación y el trabajo conjunto, se logró ejecutar de manera eficiente las tareas asignadas, cumpliendo así con los objetivos establecidos en la orden de operaciones.
El operativo se llevó a cabo en estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y en coordinación con las autoridades civiles competentes.
Finalmente, las operaciones concluyeron con el repliegue del personal hacia el muelle de Cabo Rojo, Provincia Pedernales.